Por Jairo Parada Corrales
La discusión sobre las regalías se nos viene encima. Los
parlamentarios deben alistarse para la misma, pues en dicho
debate aflorarán los intereses de los departamentos y
municipios, frente a los cuales ningún Senador o Representante
se puede esconder detrás de la disciplina de las bancadas.
La Constitución reglamentó las regalías en Colombia en sus
artículos 332, 360 y 361. Le dejó al Legislador la capacidad
de definir las participaciones de la Nación y los entes
territoriales en las mismas. Las regalías son contraprestaciones
que recibe el Estado (no la Nación) por la explotación de un recurso
no renovable cuya producción se extingue en el tiempo. Por ello,
las regalías deben ir al Estado y a los entes territoriales.
Las regalías directas son las que reciben los departamentos
y municipios productores o portuarios, por donde salga el
mineral exportado. Las indirectas son aquellas que maneja el
estado nación a través del Fondo Nacional de Regalías.
Al principio, las manejaba la
Comisión Nacional de Regalías,
pero este ente fue liquidado, y en los últimos años los ha manejado
a su arbitrio el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
o la Presidencia, en la práctica. Las regalías han sufrido un
embate de leyes, decretos y resoluciones impresionantes. Todo
el mundo quiere morder dichos recursos. Es así como se han
expedido siete leyes adicionales, quince decretos y siete
resoluciones. Para entender su manejo hay que volverse
un experto en regalías.
La Constitución señaló que las regalías indirectas deben usarse
en “promoción de la minería, a la preservación del ambiente y
a financiar proyectos regionales de inversión definidos como
prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas
entidades territoriales”, pero la verdad es que su uso se ha
ido expandiendo en forma complementaria al Sistema
General de Participación, irrigando la salud, medio ambiente,
agua potable, saneamiento básico, desastres, etc.
Pero el nuevo Gobierno, a través de su Ministro de Hacienda
ha dicho que “a las zonas de explotación minera, carbón, oro
y petróleo se les va a dar un tratamiento específico, pero no
el que tienen hoy. El mayor porcentaje se debe repartir en
todo el país”. Esto significa que el asunto es serio: ¡van
por las regalías directas de municipios y departamentos!
Nadie niega que hay corrupción y malos manejos en
las regalías en todo el país, no sólo en la Costa. Pero el
tema de la corrupción no se puede magnificar para justificar
el retroceso en la descentralización y de quitarle poder a los
territorios para manejar los recursos. Aquí han fallado el
Estado-Nación en sus organismos de control (Fiscalía, Procuraduría
y Contraloría General de la República), pues uno no ha visto en
16 años de regalías un proceso 8.000 por las regalías. La solución
de volver al DNP un organismo de control para vigilar el
manejo de las regalías so pretexto del criterio de la “intervención
del estado” me suena al más craso centralismo. No debería
ser misión de ese organismo,
pues se ha vuelto coadministrador de las regalías indirectas. Es
un diseño institucional inconveniente y poco práctico.
El otro aspecto preocupante de este asalto anunciado a las regalías
directas es que se ha empezado a utilizar la propuesta del Fondo
de Compensación Regional para justificar el argumento. Si se lee
la propuesta de Meisel y Galvis, es claro que el FCR se debe
financiar con regalías indirectas y recursos del Presupuesto
General de la Nación, muy modestos por cierto. La rebelión de
las provincias se ve venir. La salida evidentemente es otra.
